Amenazas de bomba: desplegarán policías para garantizar la seguridad en las escuelas

Primero, se llevó a cabo la acción y luego se tomó medidas preventivas. Después de que se dictara la prisión para cuatro personas y se embargaran por $3 millones a cada una, se realizaron allanamientos por la tarde para incautar dispositivos electrónicos con el fin de profundizar en la investigación de las amenazas con bombas. Mientras tanto, durante una reunión en el Ministerio Público Fiscal, se decidió modificar el protocolo de actuación en casos similares. A partir de las 17 horas, más de 50 efectivos se reunieron en la zona de la plaza Urquiza, causando una alteración en la apariencia de la plaza debido al movimiento de efectivos y peritos.

Bajo la dirección del jefe de Policía, Julio Fernández, tanto los uniformados como los especialistas del ECIF llevaron a cabo un total de seis allanamientos. Estas acciones se llevaron a cabo en relación con las intimidaciones sufridas por el Colegio San Francisco y la Enet 3. Los allanamientos se realizaron en el barrio San Gabriel, Lomas de Tafí, Bolívar 1.500, Alsina 2.600, en el Instituto Puente y en Corrientes 600. Los investigadores incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y ordenadores.

El titular de la fuerza declaró: "Estamos colaborando estrechamente con el Ministerio Público Fiscal para identificar a los responsables de este delito. Esperamos llevar a cabo nuevos procedimientos en las próximas horas. Las investigaciones son realizadas por personal especializado en tecnología y contamos con todos los recursos de la Policía para llevar a cabo estas acciones. No podríamos hacerlo sin la colaboración del Ministerio Público Fiscal, con quienes hemos estado trabajando en conjunto".Una reuniónAyer por la mañana, impulsado por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, se llevó a cabo una reunión en la sede del MPF, presidida por el Secretario Judicial Tomás Robert. En esta reunión estuvieron presentes representantes de la Policía y de los Ministerios de Seguridad y Educación. Lo primero que acordaron fue modificar el protocolo de actuación que se había creado en 2005 y que no había experimentado modificaciones hasta ahora.Durante la reunión, varios asistentes confirmaron que se compartieron algunos detalles sobre la situación. Por ejemplo, se informó que desde abril hasta el miércoles se habían registrado 56 amenazas de bomba en establecimientos educativos de toda la provincia, con 32 de ellas siendo repeticiones. También se mencionó que cuatro empresas privadas habían recibido amenazas similares.Esta reunión se llevó a cabo para redactar un nuevo protocolo que se puso en marcha anoche y que se mantendrá en vigencia durante al menos 60 días. El 7 de septiembre habrá una nueva reunión para evaluar los resultados obtenidos y discutir si es necesario extenderlo aún más.Otra reuniónTras la adopción del nuevo protocolo, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios de la fuerza y la Dirección de Seguridad Escolar, que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Cristian Peralta, titular del Distrito Urbano, explicó: "Este encuentro tenía como objetivo coordinar acciones con el fin de proporcionar una mayor protección a los establecimientos educativos y su comunidad".Patricia Pampone, quien encabeza la Seguridad Escolar, afirmó: "Hemos estado trabajando de manera conjunta para abordar situaciones en las que se haya perturbado el normal funcionamiento de un establecimiento educativo. En este caso, hemos logrado coordinar acciones específicas en respuesta a las diversas amenazas de bomba que las escuelas de la provincia han enfrentado".Cómo se procederá a partir de ahoraLos centros educativos que reciban amenazas entre las 23:00 y las 6:00 serán inspeccionados antes del inicio de las clases. Se asignará un oficial de policía en las instalaciones escolares de la capital para verificar la presencia de cualquier irregularidad. En caso de recibir una amenaza, los especialistas verificarán si ha habido algún incidente con el encargado de la custodia del establecimiento. Si no se detecta ninguna circunstancia inusual, la inspección se llevará a cabo sin la evacuación de los alumnos.Las autoridades de la escuela deberán informar de inmediato a la división de Delitos Telemáticos sobre la situación, dando inicio a la investigación de manera inmediata. En las escuelas que carezcan de custodia policial, se procederá con la evacuación con el propósito de facilitar la investigación. Este nuevo protocolo tendrá una duración de 60 días y se llevará a cabo una reunión de seguimiento dentro de una semana para evaluar los resultados de su implementación.Tags

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