Amenazas de bomba: la dueña de un colegio cumplirá arresto en un hospital mientras se investiga el caso

"¿La señora ya tenía esta enfermedad antes de la audiencia del jueves?", preguntó el juez Fernando Zottoli al defensor José Ignacio Ferrari, quien se mostró desconcertado. La respuesta de Ferrari fue: "Sí, pero en ese momento no me lo habían informado. Fue el viernes cuando lo confirmamos con una médica".Ese día, el magistrado había ordenado la prisión preventiva por 29 días para María Emilia Salomone (por error se publicó como Salomé en la edición de ayer), la propietaria del Instituto Puente, y para el taxista Ernesto Gastón Drube, quienes enfrentaban cargos de intimidación pública debido a amenazas de bomba en la escuela. El informe médico reveló que Salomone tenía cáncer de piel y que una comisaría no era un lugar adecuado para su tratamiento.

Ferrari solicitó una nueva audiencia, que tuvo lugar ayer, para informar sobre esta situación y solicitar la libertad de Salomone o, al menos, prisión domiciliaria por razones humanitarias. La defensora oficial, Mariana Merletti, quien representaba a Drube, también solicitó condiciones similares argumentando que los médicos habían diagnosticado hipertensión y una limitación en los movimientos debido a una lesión lumbar.La defensa de Salomone explicó que el viernes, un médico visitó a la acusada y se enteró de su problema de salud. Por esta razón, convocaron a un perito del Ministerio Público Fiscal que confirmó la situación y emitió un informe que explicaba que no sería apropiado mantenerla detenida en una comisaría.

Por otro lado, a pesar de que Zottoli aclaró al defensor que un juez de impugnación debía revisar la decisión del jueves, Ferrari argumentó que los riesgos procesales que se habían considerado en ese momento ya no eran aplicables. Explicó que la mujer estaba siendo acusada de intimidación pública desde su casa, pero que la amenaza de bomba en la escuela provenía de una dirección IP ubicada en la capital, mientras que la imputada vivía en Lomas de Tafí. Además, presentaron como evidencia la factura del servicio de Internet a nombre de la hija de la imputada.Finalmente, Ferrari volvió a abordar el tema de la enfermedad de Salomone y afirmó que "sería inhumano mantener esta medida cautelar". Merletti agregó que sus hogares ya habían sido registrados y sus dispositivos móviles confiscados, por lo que no había motivos para creer que pudieran obstruir el proceso si quedaban en libertad. Sin embargo, la fiscal Mariana Rivadeneira, Titular de la Unidad de Delitos Complejos, discrepó con los defensores y sostuvo que los riesgos procesales seguían vigentes, tal como lo estaban el día en que se detuvo a los sospechosos. Subrayó que el informe del ECIF confirmaba que la falsa alarma se originó desde el router de Salomone.La controversia surgió cuando la investigadora intentó mostrar en pantalla el informe sobre las redes sociales de la acusada. Sin embargo, el defensor se opuso vehementemente a esta acción. Esto desencadenó un debate en el que Rivadeneira afirmó que Salomone parecía haber llevado una vida normal desde 2017 y, de hecho, se presentó voluntariamente a la audiencia del jueves, por lo que no veía razón para revocar su prisión preventiva. Ferrari argumentó que no era apropiado que la fiscal exhibiera las publicaciones de Facebook de su defendida y expresó: "Me parece lamentable que se condicione a una persona con cáncer por haber continuado con su vida normal". La fiscal respondió aclarando que simplemente estaba basando sus argumentos en los informes médicos y ambientales proporcionados y que no pretendía perjudicar a la acusada. Finalmente, Zottoli decidió que no se mostraría ninguna publicación de Facebook.Al resolver el caso, el magistrado reiteró que no podía revisar su propia sentencia, pero indicó que, dado que había nuevos elementos que no se presentaron en la primera audiencia, realizaría modificaciones en esta segunda sentencia (la primera aún está pendiente de revisión por un juez de Impugnación). Zottoli decidió no revocar la medida cautelar, pero ordenó que Salomone fuera trasladada a un hospital público para que pudiera continuar con su tratamiento. En cuanto a Drube, dictaminó que debía permanecer detenido en una comisaría, pero dispuso que recibiera atención médica periódica en un hospital.Descompuesto: El acusado, Ernesto Gastón Drube, se sintió mal y tuvo que ser sacado de la sala debido a un aumento repentino en su presión arterialDurante la audiencia, la guardia de Tribunales interrumpió momentáneamente para informar sobre la descompensación de el acusado, Ernesto Gastón Drube, quien necesitaba atención médica. Los agentes ayudaron a Drube, y una vez que el juez Fernando Zottoli les dio permiso, lo trasladaron fuera de la sala para ser evaluado por un médico. Poco después, cuando el juez se retiró para revisar las pruebas y deliberar sobre su decisión, el personal de la OGA informó a la defensora oficial, Mariana Merletti, que Drube se había estabilizado pero aún tenía una presión arterial elevada.Dos falsas alarmas de amenazas de bomba en una sucursal de la Caja Popular de Ahorros y en una escuelaAyer se reportaron dos amenazas de bomba en instituciones públicas. La primera ocurrió en la sucursal de la Caja Popular de Ahorros ubicada en Juan B. Justo y Gobernador del Campo, donde se evacuó el edificio por la mañana para una inspección de seguridad. La segunda falsa alarma tuvo lugar después de las 15:00 en la Escuela Centro de Formación Profesional N° 1, en Ayacucho al 800. Después de una revisión del plantel educativo, los estudiantes del turno vespertino reanudaron sus clases, mientras que el turno nocturno asistió normalmente.  En comparación con el jueves, cuando se registraron 15 amenazas, el número de falsas alarmas ha disminuido.Tags

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