30 días de Prisión preventiva para una estudiante de la Escuela Normal

El pasado domingo 24 de septiembre, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, dirigida por Mariana Rivadeneira, presentó una solicitud de audiencia de formalización de cargos contra una estudiante de último año del profesorado de Biología, conocida como "Majo" (24), por el delito de intimidación pública en detrimento de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán. Este incidente tuvo lugar el lunes 28 de agosto de este año.Después de exponer los hechos, la Fiscal se refirió a las pruebas presentadas, que incluyen el decomiso de su teléfono celular y el informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), solicitado a Google (el correo amenazante se originó en Gmail) y a la empresa local de televisión por cable e internet donde se encontraba registrada la dirección IP, que correspondía a la imputada.

"La estudiante, quien también es alumna de la escuela, utilizó una dirección IP que pudimos rastrear hasta una empresa local de televisión por cable e internet a las 10:58 de la mañana. Es importante señalar que, tras el decomiso de su teléfono, se descubrió que eliminó deliberadamente pruebas, incluyendo mensajes y correos electrónicos. Esta omisión no es trivial, ya que formaba parte de un grupo de WhatsApp relacionado con las amenazas de bomba", mencionó la Fiscal sobre la forma anónima y digital en que se llevó a cabo esta operación."La eliminación de evidencia crucial por parte de la acusada ha obstaculizado la investigación y requerirá un arduo trabajo de software y sistemas operativos para su recuperación. Continuaremos investigando para determinar si hay otros responsables, cómplices o testigos, así como su conexión con otros incidentes similares en la escuela, donde se realizaron otras seis amenazas. La complejidad de esta investigación radica en su método de ejecución, y aún quedan medidas pendientes, como la recopilación de información de testigos, compañeros de clase y los dos individuos que trabajan en la fotocopiadora y recibieron el correo electrónico", añadió la representante del MPF. En este punto, solicitó la prisión preventiva de 90 días para la estudiante y la congelación de sus activos por un monto de $3.000.000 durante seis meses, lo que requerirá la investigación. Por otro lado, la defensa solicitó medidas menos restrictivas, como el arresto domiciliario.

Más adelante, la jueza a cargo determinó que se había perturbado la paz pública y, en consecuencia, accedió parcialmente a la solicitud de la Fiscalía, otorgando una medida de mayor intensidad durante 30 días y ordenando el traslado de la estudiante al servicio penitenciario (Unidad N°4). Sin embargo, la magistrada rechazó la congelación de activos. Finalmente, la defensa anunció su intención de impugnar la decisión.El Incidente en CuestiónEl lunes 28 de agosto de este año, a las 10:58 de la mañana, la acusada, con la intención de generar temor público, envió un correo electrónico a la casilla de correo de la fotocopiadora de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi, ubicada en la calle Muñecas 216 de la ciudad capital. Utilizó una conexión de internet proporcionada por una empresa local de televisión por cable y un IP asociado con una dirección en la calle Garmendia al 400 de la misma ciudad.El correo electrónico fue recibido por los empleados de la fotocopiadora y contenía el siguiente mensaje: "Buenos días estimados trabajadores de la sociedad cooperativa de la Escuela Normal, me comunico con ustedes con el fin de que resguarden su seguridad y, asimismo, la de todo el alumnado del establecimiento debido a que en la jornada de hoy mi equipo estará dejando un dispositivo explosivo en un rincón de la institución como protesta por el pésimo desempeño del personal administrativo en los tres turnos, incluyendo preceptores, secretaría y rectorado".Este mensaje generó temor entre los miembros de la escuela y la población en general, lo que llevó a la intervención de la policía y los bomberos, quienes aplicaron un protocolo de seguridad. Como resultado, se evacuó a los 1.200 alumnos del turno de la mañana (que incluye nivel inicial y nivel secundario) al patio interno del establecimiento, suspendiendo las clases para realizar una inspección exhaustiva. La situación también causó tumultos entre las personas que transitaban por la zona peatonal y caos en el tráfico debido a la presencia de vehículos de la policía, bomberos y defensa civil.