Prisión preventiva para el acusado de realizar amenazas de bomba en instituciones gubernamentales de Tucumán

El Ministerio Fiscal ha imputado a Gabriel Ernesto Valdez (24) por nueve incidentes cometidos contra edificios públicos de los tres poderes de la provincia y otros establecimientos privados. Además, se ha solicitado su detención, una medida que ha sido autorizada por un período de 99 días. En cuanto al otro individuo que fue detenido en los allanamientos, se ha dispuesto poner fin a su aprehensión, aunque continuará siendo objeto de investigación.Por orden de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por Mariana Rivadeneira, se llevó a cabo una audiencia de control de la aprehensión, formulación de cargos y solicitud de medidas de coerción contra Gabriel Ernesto Valdez. Se le acusa de ser el presunto autor de una serie de amenazas de bomba en diversas instituciones gubernamentales de la provincia y en edificios privados.

En la audiencia estuvieron presentes el fiscal Carlos Picón y la titular de la fiscalía interviniente, Mariana Rivadeneira. En primer lugar, Rivadeneira pidió que se considere legal la detención de Valdez, que se llevó a cabo durante un procedimiento judicial en su domicilio del barrio Ampliación Tiro Federal. Luego procedió a leer la acusación formal contra Valdez, alegando que en septiembre pasado adquirió numerosas líneas telefónicas y realizó llamadas al servicio 911 de la policía informando sobre la existencia de materiales explosivos en entidades públicas y privadas con el objetivo de causar temor en la sociedad.Valdez fue imputado por el delito de Intimidación Pública Reiterada.

Para respaldar su caso, la representante del Ministerio Público Fiscal presentó actas de denuncias policiales, grabaciones de las llamadas al 911, registros de las llamadas y informes de las empresas telefónicas. Además, mencionó denuncias de la ex pareja de Valdez sobre amenazas realizadas desde 23 líneas telefónicas.Rivadeneira detalló el trabajo de investigación realizado por la fiscalía y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que reveló el modus operandi de Valdez para adquirir chips y realizar llamadas. Según la fiscal, las pruebas apuntan a Valdez como el autor de los hechos.En cuanto a las medidas de coerción, el fiscal Carlos Picón solicitó la prisión preventiva de Valdez, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de obstaculizar la investigación. La jueza interviniente avaló las actuaciones y otorgó la medida cautelar por un período de 99 días, que Valdez deberá cumplir en el penal de Villa Urquiza.En total, se atribuyen nueve intimidaciones a Valdez, dirigidas a diversos edificios en diferentes fechas y lugares de la provincia. Estos incidentes han afectado a instituciones gubernamentales, edificios privados, escuelas y otras entidades públicas.