Un gerente de EDET es procesado por usurpar inmuebles del Estado

La Justicia Federal procesó, sin prisión preventiva, al gerente de Ingenierías y Operaciones de EDET, Luis Alberto Alvarez, a quien se acusa de haber usurpado inmuebles del Estado mediante la construcción de instalaciones eléctricas sobre rutas nacionales.   La causa fue iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que denuncia no haber dado autorización alguna a la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET)para realizar obras de tendido de líneas de baja tensión en las rutas nacionales 157 (kilómetro 1203, 1217 y 1249) y 38 (kilómetros 692.90, 700 al 705.50, 745.64, 717.61 y 760.25, 759 y 686). Ante esto, el Juzgado Federal Nº 2, a cargo en forma subrogante de Mario Racedo, dispuso en junio de este año, ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de Álvarez por resultar presunto autor del delito previsto por el artículo 181 (inciso 1º) del Código Procesal Penal, sobre usurpación.   Éste fija penas de un mes a tres años de prisión al “que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”. Se dispuso, además, trabar a Álvarez un embargo por 50 mil pesos y se le impidió ausentarse de la provincia sin autorización del Juzgado Federal.   El juez entendió que EDET “habría actuado con clandestinidad, atento a la falta de autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, y engaño y abuso de confianza por cuanto, conociendo que los terrenos pertenecen al Estado (…) se realizaron las tareas e instalaciones en zonas de caminos sin permiso y sin respetar los acuerdos labrados y también ignorando los reclamos efectuados por el organismo nacional, en relación a las irregularidades detectadas”, sostiene en forma textual el fallo.   En su defensa, Álvarez afirmó que no existe delito ni que los hechos que se le imputan hayan representado despojo de inmueble alguno a la DNV. Se manifestó, además, que “nunca se actuó amparado en la clandestinidad, lo que además, resulta imposible para la realización de las obras que se trata”. También se agregó que nunca hubo violación a ningún bien jurídico, sino que “se trata de la normalización de trámites pendientes originados con anterioridad a la recepción de los bienes por EDET”.   La disposición judicial, tras su apelación, se encuentra en manos de la Cámara Federal quien podría confirmar el fallo –lo que desembocaría en un juicio y la remoción de las obras en cuestión- o bien revocar el procesamiento de Álvarez. (Primera Fuente)