Alquileres: inquilinos y propietarios optan por prolongar los contratos ante la incertidumbre legislativa

La llegada de un nuevo mes no es una buena noticia para muchos inquilinos, ya que según la ley vigente, se espera un aumento del 105% en los alquileres debido a los ajustes anuales. Además, este mes marca el tercer aniversario de la implementación de la normativa actual, y las diferentes partes involucradas vuelven a hacer el mismo reclamo: es necesario reformar el marco normativo porque el mercado está "distorsionado".Actualmente, la problemática de los alquileres y sus precios, que están ligados a la inflación y que constantemente amenazan el poder adquisitivo de los salarios y el valor de la moneda, no tiene una solución política. El debate legislativo en el Congreso se encuentra estancado, ya que el año pasado las diferentes facciones impulsaron reformas sin llegar a un acuerdo.

Por un lado, el Frente de Todos defiende la ley promulgada en 2020, la cual establece contratos de tres años y una actualización anual de los valores basada en un indicador promedio de la inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y la variación salarial publicada por el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), elaborado por el Ministerio de Trabajo.En el dictamen mayoritario, el oficialismo también propuso una serie de incentivos fiscales, entre los que se incluye la exención del régimen impositivo general para los monotributistas propietarios que alquilen una propiedad, y la exención del impuesto a los bienes personales si las unidades se destinan al alquiler, con un límite de $30 millones.

Por otro lado, el dictamen en minoría de la oposición contempla un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec, o una combinación de estos índices, y una actualización consensuada que puede realizarse cada tres meses o cada año.MalestarEn una entrevista con LA GACETA, Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, reconoció que después de tres años se ha cumplido lo que muchos sectores habían anticipado. "Habíamos dicho que esto iba a distorsionar el mercado y eso es lo que finalmente ha sucedido. Por lo tanto, ahora tenemos una ley que no beneficia a ninguna de las partes", afirmó. En medio de este contexto, Guzmán no dudó en afirmar que el sector inmobiliario provincial está atravesando un momento difícil, marcado por la incertidumbre. Además, destacó que, de cara al vencimiento próximo de los primeros contratos firmados bajo la ley actual, no hay propietarios ni inquilinos interesados en hacer un nuevo contrato. "Por un lado, los propietarios tienen que lidiar con los precios, teniendo en cuenta que deben esperar un año para ajustar el valor, mientras que los inquilinos sienten que están pagando un alquiler sobrevalorado", explicó Guzmán.Ante esta situación, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios sugirió que, como alternativa, en algunos casos se está llegando a un acuerdo para extender los contratos hasta que haya una nueva ley que permita realizar un nuevo contrato. "Todo esto se debe a la incertidumbre que estamos viviendo, ya que son extensiones de seis meses o un año en las que se establece un precio para ese período de tiempo", explicó.¿Un futuro prometedor?La cercanía del próximo proceso electoral genera expectativas, ya que se entiende que quien sea el sucesor de Alberto Fernández deberá impulsar cambios en un sector golpeado. "Dada la inflación, el aumento del valor del dólar y las atractivas opciones financieras, el contexto es difícil para todas las partes, por lo que solicitamos una ley que sume en lugar de restar", enfatizan los analistas.En relación a los inquilinos, existe un dato importante que vale la pena resaltar en medio de tanta adversidad, y tiene que ver con el bajo índice de incumplimiento en el pago de los alquileres. En este sentido, la Organización Inquilinos Agrupados señala que el problema no radica en la ley, sino en el Estado por "no cumplir" con su obligación de regular este precio.Tags

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