Un concejal tucumano niega haber cobrado el Potenciar Trabajo, pero figura en el listado

El concejal oficialista de La Cocha, Jony Heredia, desmintió las acusaciones en las redes sociales que lo señalaban por presuntamente percibir el plan Potenciar Trabajo simultáneamente con su salario como representante municipal. En declaraciones al diario La Gaceta, negó categóricamente estas afirmaciones, calificándolas como "falsas".La controversia surgió cuando el edil, elegido por el acople oficialista "Juntos Podemos" en las elecciones provinciales de noviembre, apareció en la lista de más de 900 beneficiarios del programa en la provincia, que luego fueron dados de baja debido a un escándalo vinculado a una causa judicial de alcance nacional.

Heredia, de 27 años y militante del Movimiento Evita de La Cocha, explicó que ambos ingresos no coincidieron en ningún momento. "Al ingresar al sistema para acceder al sueldo como concejal, el mismo sistema dio de baja el programa; pero con anterioridad, yo ya había solicitado la baja del mismo", aclaró.El concejal admitió su inclusión en la lista de beneficiarios en Tucumán, pero argumentó que esto se debió a su actividad como militante, previa a su asunción como edil a finales de octubre. "Vengo trabajando en una organización social (Movimiento Evita) desde 2016, realizando trabajos comunitarios y brindando asistencia a la comunidad en general de la ciudad de La Cocha", detalló.

A pesar de la aclaración, expresó su pesar por la situación generada por la difusión de sus datos personales, calificándola como "insatisfactoria". Heredia anunció que pondrá a consideración de sus colegas del Concejo Deliberante su continuidad en la banca y se puso "a disposición de la administración pública y judicial para cualquier investigación pertinente".El caso de Heredia cobró relevancia después de que el gobernador Osvaldo Jaldo iniciara una investigación interna para esclarecer posibles incompatibilidades e incumplimientos de deberes por parte de agentes estatales respecto a la percepción de programas sociales. La medida fue tomada tras un oficio del fiscal federal Guillermo Marijuan y la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a nivel nacional. En Tucumán, 956 titulares fueron afectados, y el resto se distribuyó entre otras 13 provincias de Argentina.