Sesión legislativa:tratan el plan de retiros voluntarios del Estado

El sistema de retiro voluntario destaca como uno de los puntos más destacados entre los temas que se tratan hoy en la Legislatura, a partir de las 8.30. Esta iniciativa, propuesta por la Casa de Gobierno, forma parte de la estrategia para equilibrar las finanzas y controlar el gasto público. Fue discutida conjuntamente por las comisiones de Legislación General, Legislación Social y Presupuesto, donde se introdujeron cambios en el dictamen de mayoría. Entre estos, se destaca la habilitación de la matrícula para aquellos profesionales que la tengan suspendida y opten por este beneficio.El proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad (Economía) establece un sistema de retiro voluntario y temporal, con una duración de cuatro años (o menos en caso de estar cerca de la jubilación). Durante este período, el Estado abonará el 70% de los haberes habituales, en el mismo plazo y forma que a los agentes activos. Además, se mantendrá la cobertura de la obra social. Para acogerse, el agente deberá contar con al menos tres años de antigüedad.

El tercer artículo especifica que los agentes cesarán en sus funciones a partir del primer día hábil del mes siguiente al otorgamiento definitivo del retiro. Sin embargo, en el dictamen de mayoría, los legisladores solicitaron que se aclare la habilitación de la matrícula para los profesionales que hayan tenido que suspenderla.Los parlamentarios de la oposición expresaron su desacuerdo con que el retiro sea temporal en lugar de definitivo, advirtiendo que la habilitación de la matrícula podría llevar a muchos profesionales a optar por el retiro por motivos económicos. Como ejemplo, mencionaron que un abogado podría recibir el 70% de su salario estatal y seguir realizando consultas, que tienen un valor aproximado de $350.000 según el Colegio de Abogados. Aunque fuentes gubernamentales inicialmente minimizaron la modificación, opinando que está bien que los profesionales trabajen en el sector privado, no descartaron que el dictamen pueda ser modificado en el recinto. Por lo tanto, indicaron que esperarán para ver cómo se aprueba la norma antes de hacer consideraciones más profundas en ese sentido.

El proyecto especifica que estarán excluidos del retiro voluntario el personal de las fuerzas de seguridad, aquellos con menos de tres años de antigüedad, el personal médico del Siprosa, directores y subdirectores, el personal jerárquico de los poderes del Estado y los docentes frente a cursos, entre otros. Además, en las comisiones se agregó la prohibición de retiro para el personal auxiliar de las escuelas, que actualmente ya es insuficiente. Se estima que en la Provincia podrían ahorrar alrededor de $4.000 millones si aproximadamente 2.000 trabajadores se inscriben.Además del retiro voluntario, otros temas del Ejecutivo que se someterán a consideración incluyen una iniciativa para declarar de interés provincial la promoción y el desarrollo de la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía, y reformas en el Estatuto Docente para que los maestros vuelvan a tener representación en las Juntas de Clasificación.Los proyectos del Ejecutivo incluyen:- El retiro voluntario será temporal y por un período de cuatro años, con la posibilidad de extensión por un período igual, o menor, si durante ese tiempo se alcanzan los beneficios de la jubilación.- Durante este período, el Estado abonará el 70% de los haberes habituales del agente correspondientes al mes anterior a la concesión del beneficio.- El agente conservará la cobertura de la obra social y recibirá sus haberes en el mismo plazo y forma que los agentes activos.- Podrán acogerse al retiro voluntario los agentes públicos de diversos organismos, incluyendo los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros.- Se propone la prohibición de tener dos o más empleos públicos remunerados en todo el ámbito del Estado provincial.- Aquellos que perciban un beneficio previsional deberán cesar en sus funciones o empleo público provincial en un plazo de 30 días a partir de la vigencia de la ley.- No están incluidos aquellos que ocupen cargos derivados del voto popular, aunque se permite establecer excepciones por razones de servicio debidamente justificadas. En estos casos, el personal deberá elegir entre el salario estatal o sus beneficios previsionales.- Estas medidas buscan reducir el gasto en Personal sin provocar despidos en el sector público.